Federación de Enseñanza de CCOO de Canarias | 25 abril 2025.

EESS 2022
Queremos más

Mesa Técnica sobre el protocolo de intervención ante riesgo suicida en centros educativos

  • Reclamamos una revisión negociada del documento por su complejidad, falta de recursos y riesgos legales para el profesorado

09/04/2025.
Imagen: Pixabay

Imagen: Pixabay

Este martes, 8 de abril, se celebró la mesa técnica solicitada en numerosas ocasiones por los sindicatos del ámbito educativo, con el objetivo de abordar el protocolo de actuación ante posibles casos de riesgo suicida en los centros escolares de Canarias. A la reunión asistieron representantes de todas las organizaciones sindicales, además de miembros de las consejerías de Educación, Sanidad y Bienestar Social del Gobierno autonómico.

En el marco de la mesa técnica, CCOO trasladó nuestra inquietud por las dificultades que presenta el protocolo tanto en su estructura como en su aplicación práctica. Coincidimos en que se trata de un documento excesivamente largo y enrevesado, con conceptos reiterativos que no facilitan su comprensión. También se puso sobre la mesa la preocupación por las posibles implicaciones legales que podría tener para el profesorado implicado —como orientadores, tutores o equipos directivos, entre otros — en caso de reclamaciones por parte de las familias.

Asimismo destacamos la falta de recursos humanos y materiales en los centros educativos para asumir las responsabilidades que el protocolo asigna al profesorado y a los equipos directivos. Además denunciamos la ausencia de formación específica en los centros, así como la imposibilidad real de diseñar planes individualizados de seguimiento, sin contar con el apoyo de otras figuras profesionales especializadas (psicólogos-as, educadores-as sociales…).

A pesar de que la Administración defendió que se trata de uno de los protocolos más completos a nivel estatal y que la valoración clínica corresponde exclusivamente a los servicios sanitarios, desde CCOO se reiteró la necesidad de suspender cautelarmente su aplicación y entrar en un proceso de negociación que debió haberse iniciado mucho antes. Se insistió, por tanto, en que es imprescindible abrir un proceso formal de negociación del mismo, con el fin de garantizar la protección del alumnado, pero también la seguridad jurídica y las condiciones laborales del profesorado. Quedamos a la espera de una respuesta oficial por parte de la Consejería.

    •